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La FAM y la Federación Argentina de Colegios de Abogados acuerdan acciones para mejorar el servicio de justicia

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Lograr una mejor prestación del servicio de justicia para beneficio de toda la sociedad es un objetivo tanto de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM,) como de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (Faca), y para ello acordaron delinear pautas de acción conjuntas, en el transcurso de una reunión realizada en Santa Rosa (La Pampa). Allí participó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos,  Dr. Rubén Chaia.

 

El pro-tesorero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Dr. Leonardo Portela, también asistió a la 105° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FAM que tuvo lugar el jueves y el viernes en Santa Rosa, donde se emitió una declaración que contempla la creación de espacios de debate y capacitación tendientes a mejorar la administración de justicia.

“Nos reunimos con el presidente de la Faca (Eduardo Massot) y abordamos la problemática común que ocupa tanto a los magistrados y funcionarios judiciales, como los abogados. De allí, y con el aporte enriquecedor que se hizo desde las distintas provincias, salió una declaración donde se soslaya la necesidad de luchar por la formación permanente y la capacitación de los operadores, sean abogados que trabajen en la justicia o ejerzan la profesión, como también reforzar todos los mecanismos que hacen a la independencia judicial para un trabajo en la materia que sea acorde con ello. Se apunta  a que se brinden respuestas en gestión y que sean los procesos más transparentes, públicos y rápidos”, comentó el Dr. Chaia, cuyas intervenciones estuvieron principalmente centradas en la independencia del Poder Judicial.

 

La declaración aprobada por la FAM y la Faca reza lo siguiente:

- Acordamos la aproximación de ambas instituciones con el objetivo de crear y concretar ámbitos de debate y de capacitación permanente para que, en conjunto, y frente al contexto actual de reformas legislativas y cambios planteados en los Poderes Judiciales, unamos esfuerzos que se traduzcan en soluciones satisfactorias para la ciudadanía, para los profesionales del derecho y para todos los integrantes del quehacer judicial.

- Coincidimos en que una de las formas de contribuir a tales propósitos es mediante la transformación modernizadora de los sistemas judiciales, aspirando a la implantación de la oralidad, a la digitalización de los procesos y al mejor aprovechamiento de los recursos humanos que hagan más eficiente la gestión.

- Creemos, de manera insoslayable, que la independencia judicial -tanto interna como externa- constituye una de las principales garantías ciudadanas para lograr el propósito de afianzar la justicia y el Estado de Derecho, resguardando la garantía de debido proceso legal en todas las áreas y respetando los mecanismos previstos constitucionalmente para la designación de jueces y cobertura de vacantes.

- Nos comprometemos, como garantes de la seguridad jurídica, a velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente, de aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o de urgencia.

- Consideramos un postulado compartido por nuestras entidades que los sistemas de selección de magistrados deben tener una integración que contemple de manera particular y específica la participación efectiva de los representantes de la magistratura y de la abogacía organizada.

La celeridad de los procesos de selección y el equilibrio de los sectores son aspectos que deben ser observados a la hora de definir la composición y funcionamiento de los órganos encargados de la selección, pues una preeminencia de los estamentos políticos sin duda amenaza seriamente la independencia de los Poderes Judiciales, llevándolos a una indeseada politización y afectando seriamente garantías básicas conferidas tanto por la Constitución como por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.