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La FAM definió posiciones a plantear ante la CSJN

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El jueves y viernes se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los presidentes de Colegios y Asociaciones de Magistrados y Funcionarios de todas las provincias que forman parte de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), a raíz de la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para la semana próxima, con el fin de tratar los “Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los Poderes Judiciales”.

 El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Rubén Chaia, junto a la vicepresidenta, María Gabriela López Arango, y a la tesorera, Adriana Acevedo, concurrieron a la reunión donde se elaboró el documento que se difunde a continuación:

. Valoramos positivamente la invitación, entendiendo que la FAM cuenta con la posibilidad de llevar la palabra y la experiencia de los magistrados y funcionarios de diversos fueros y de geografías tan disímiles. Si el conocimiento acumulado por los operadores del sistema no está presente en la escena en la que se debaten posibles reformas estructurales no se tomará en cuenta esta experiencia, con resultados negativos para los ciudadanos y para el sistema mismo.

. La agenda de esta convocatoria está dirigida a abrir la discusión. Su revisión y ampliación es conveniente también que se analice. La justicia provincial presenta problemáticas diversas que no pueden ser soslayadas si se pretenden alcanzar los objetivos planteados.

. La complejidad y profundidad de los cambios para fortalecer los sistemas judiciales no pueden agotarse en dos jornadas de trabajo, ni es posible elaborar todas las ponencias respecto de todas estas cuestiones, tan sensibles para los operadores del sistema, en términos breves. Sin perjuicio de ello se harán llegar nuestros aportes y la experiencia de nuestros representados. La FAM representa a 15.500 funcionarios y magistrados de todo el país y siente que es parte de sus objetivos ocupar su espacio en esas mesas de discusión con mandatos claros y posiciones consensuadas internamente en el marco del interés común que nos nuclea.

. Muchas de las cuestiones que se plantean en esta convocatoria, los desafíos como la oralidad, el sistema acusatorio pleno, la digitalización de expedientes, la gestión de trámites por medio de oficinas de gestión, ya vienen implementándose desde hace tiempo en las jurisdicciones provinciales y de CABA. Estas valiosas experiencias podrán ser compartidas en ese ámbito.

. Las reformas globales como las que intentan llevarse adelante tienen impactos distintos según la realidad en la que se apliquen. Es importante que se respeten las diversidades de un país federal, de manera tal que cualquier reforma en los modos de organización de los sistemas judiciales tenga como referencia esas realidades y se adecue a ellas.

. En base a las experiencias provinciales y de CABA manifestamos que no pueden implementarse políticas públicas ni reformas sustanciales si no existe una partida presupuestaria que las respalde.

. La FAM ratifica su convicción de que solamente mediante el diálogo permanente y sostenido podrán encontrarse los consensos necesarios para realizar la esperada reforma a los sistemas de administración de justicia por los que esta Federación tanto ha luchado, desde hace años.

 

Hablemos de Justicia

En el encuentro, también se aprobó un documento titulado Hablemos de Justicia, que reza lo siguiente:

Desde la creación de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial venimos trabajando en pos de los objetivos institucionales. El actual contexto social y la consecuente reformulación sobre el sistema judicial y las expectativas de la sociedad civil sobre su funcionamiento nos compromete a una reflexión profunda respecto de estas discusiones.

Estos ejes han de servir para poner en práctica líneas de acción concretas en cada uno de los Colegios y Asociaciones que conforman nuestra Federación.

Como dijimos, desde hace años -a través de distintos medios- la FAM viene propiciando y formando parte de la modernización del sistema de justicia y del acercamiento de las respuestas judiciales a los requerimientos de una sociedad en constante cambio. Fortalecer los sistemas judiciales hoy es un imperativo para garantizar la convivencia necesaria en un Estado de Derecho, respetuoso de las garantías ciudadanas, con el fin de erradicar la inseguridad, la exclusión social y la corrupción en todas sus formas. El valor seguridad no se construye slo con respuestas punitivas eficaces sino principalmente con el cumplimiento de los fines del Estado en cada una de sus áreas, reafirmando un sistema de valores humanitario y asegurando niveles de educación y acceso al trabajo que permitan a los ciudadanos integrarse a una comunidad solidaria. La Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos son el basamento inalienable sobre el que se asienta toda la construcción de los espacios judiciales.

 

Proponemos llevar adelante, en forma conjunta con los tres poderes de los estados provinciales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todos los organismos nacionales con competencia en el tema y con las organizaciones de la sociedad civil, acciones y reformas que se orienten a:

* El fortalecimiento incondicional de la independencia judicial como principal garantía ciudadana. La independencia judicial constituye la condición necesaria para posibilitar procesos justos que culminen con sentencias basadas en la ley y en la prueba producida. Sin la estricta observancia y el mantenimiento constante de la independencia interna y externa de los jueces todo intento de reforma judicial orientado a la modernización resultará estéril o aparente en sus fines.

En este sentido, cabe señalar que quienes tengan el propósito de abordar una transformación modernizadora de los Poderes Judiciales deberán tomar en cuenta necesariamente el rol del asociacionismo judicial expresado a través de la acción de los Colegios y Asociaciones de cada provincia y Ciudad Autónoma, como garantes y defensores permanentes de la independencia judicial más allá de los contextos políticos y de los procesos o modificaciones que busquen incorporarse a los sistemas judiciales.

* Crear y difundir una mirada constante de la Ética Judicial como cuerpo de experiencias y directivas valorativas que impulsen al mejoramiento continuo de las prácticas judiciales. A través de programas permanentes sobre tica Judicial pueden definirse criterios de desenvolvimiento que incrementen la confianza pública en el rol de los operadores judiciales en nuestra sociedad.

* Asignar carácter prioritario a la perspectiva de género en los espacios judiciales tendiendo a que el rol de las mujeres en los Poderes Judiciales y en los Colegios y Asociaciones sea de efectiva igualdad, participación equilibrada y equitativa. Es necesario contar con programas específicos de capacitación y formación a través de los cuales los distintos actores de los sistemas judiciales puedan aplicar y potenciar herramientas para dar vigencia a la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

* Una mejora efectiva en las estructuras y modos de organización y gestión judicial. Los Poderes Judiciales provinciales y de Ciudad Autónoma vienen desde hace años concretando la idea de una transformación permanente, sostenida y constante de sus estructuras orientadas a la mejor gestión judicial. Las entidades asociativas de magistrados y funcionarios han sido parte principal de estos procesos.

Hace tiempo que la justicia ha puesto en funcionamiento estructuras para atender al ciudadano todos los das del año cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad, de resolución urgente, como así también, procesos para resolver temas como la violencia familiar, entre otros.

Las ferias judiciales como instrumentos de organización son parte del debate sobre las posibles reformulaciones –siempre respetando los derechos constitucionales básicos de los operadores del sistema-, conforme a las particularidades de cada región y a la valoración que se decida por las Cortes y Superiores Tribunales provinciales. Pueden producirse también reestructuraciones en los recursos humanos que se destinan a estos períodos de modo que nunca se resienta la necesidad de respuesta judicial a la sociedad.

Al respecto, es fundamental tener una visión federal, tomando en cuenta las particularidades de cada región, sobre la base del régimen constitucional de autonomías provinciales. Un federalismo real supone considerar las características de funcionamiento de los sistemas más acordes con los hábitos ciudadanos de cada provincia. Otro aspecto es que, siendo el Poder Judicial, parte de la organización de justicia, cualquier alternativa de modificación en los recesos anuales, debería analizarse en coordinación con todos los sectores que lo componen, con el fin de armonizar situaciones diversas y hacer que el impacto concreto de cada alternativa promueva una administración más eficaz y no lo contrario.

* Consolidar y ampliar las políticas de acceso a la Justicia que se han venido poniendo en práctica en los Poderes Judiciales provinciales y CABA.

En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad y particularmente en el ámbito de la niñez y de la salud mental, es imperativo afianzar un trabajo coordinado con los distintos Poderes Ejecutivos en pos de poner en acto sus derechos sin perjuicio de respetar el rol que a cada Poder le ha asignado la ley.

* Modernizar los procesos judiciales sosteniendo el avance de la oralidad como modo de desenvolver los litigios en forma más eficaz y rápida, acrecentando la publicidad de las etapas de los procesos que permita a la ciudadanía tomar mayor conocimiento de las razones que sustentan las decisiones. En este sentido FAM revaloriza el rol de los secretarios judiciales en los procesos de transformación ya  que constituyen un factor impulsor de las alternativas eficientes de gestión judicial.

* Incorporar los avances tecnológicos más recientes a los procesos judiciales permitiendo superar las alternativas tradicionales de escrituralidad y aspirando a la digitalización de los procesos. Es destacable, igualmente, el afianzamiento de esta tendencia a través de los sistemas informáticos de gestión ya puestos en marcha en la mayoría de las provincias argentinas.

* Otorgar a la capacitación y a la formación judicial un lugar de máxima jerarquía en cuanto a planificación,  definición de las líneas de programas de contenidos y recursos tecnológicos. La FAM apoya y participa de todas las actividades desarrolladas formalmente a través de los Centros de Capacitación e Institutos dependientes de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales provinciales y de CABA, sosteniendo igualmente líneas de capacitación que se orienten a contribuir en idéntico sentido.

* Establecer una comunicación más directa con los ciudadanos.

Diseñar los modelos de comunicación judicial desde los ciudadanos y no desde la lógica jurídica, para que poder contar con Poderes Judiciales prestigiosos e independientes sea una demanda que la sociedad le haga a los tres poderes del Estado, siendo los magistrados aliados en esa reivindicación.

* Incrementar la comunicación en todas las etapas de los procesos judiciales con el fin de que no solamente se entiendan sino que se valoren las decisiones jurisdiccionales. Para esto debemos lograr que los ciudadanos identifiquen la actividad jurisdiccional con la solución de sus problemas concretos y los de nuestra sociedad.

* Reconocer la necesidad de implementar soluciones superadoras de las asimetrías salariales en materia judicial. Es propósito de FAM que las provincias que cuentan con menos recursos sean asistidas específicamente para lograr un concreto fortalecimiento de sus sistemas judiciales.

* Afianzar el rol de los secretarios judiciales en los sistemas de administración de justicia. Los sistemas se fortalecen y mejoran cuando son capaces de reconocer sus recursos y el potencial de cada uno de ellos. El secretariado judicial es un sector muy dinámico, que reúne experiencia en la gestión cotidiana y sólida formación jurídica. Propiciar que las reformas reconozcan y jerarquicen a este estamento que es un recurso estratégico para el sistema de justicia.