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JORNADAS DEL FUERO DE FAMILIA Y NIÑOS 2016

EVENTO REALIZADO: JORNADAS DEL FUERO DE FAMILIA Y PENAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

VICTORIA (HOTEL SOL VICTORIA) - 28 de octubre de 2016

Conclusiones y Fotos

 “Las Jornadas del Fuero de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes 2016 y el  moderno derecho procesal” 

Presentaron los proyectos de Código Procesal de Familia para la Provincia de E.R. y la ley especial  de familia del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal, también la nueva ley   la ley procesal penal de niño, niñas y adolescentes“ N° 10450

Disertaron Rosario Romero, Ana Clara Pauletti, Marisa Paira, Pablo Barbirotto y otros especialistas.  Asistieron un centenar de Magistrados y Funcionarios.

Se desarrolló con un excelente nivel de participación,- tal como estaba previsto-. la Jornada del Fuero de Familia, Niños y Adolescentes del a Provincia de E.R, que anualmente organiza la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de E.R , en el hotel Sol Victoria (Victoria, E.R.,) el pasado 28 de octubre del corriente.- Contó  en la apertura y durante todo su desarrollo- que fue realmente intensivo, de prácticamente 9 horas de duración en total- con la presencia del Dr. Emilio Castrillón (Presidente de la Sala en lo Civil y Comercial del Excmo. STJER).

A la mañana  presentó su proyecto de Código Procesal de Familia la Dra. Rosario Romero (diputada provincial, FPV) y a primera hora de la tarde hizo lo propio con el Anteproyecto de ley procesal de familia  la Dra. Ana Clara Pauletti, Directora del Ateneo Entrerriano  de Estudios de Derecho Procesal. 

Ambas coincidieron en modernizar el proceso de familia y adecuarlo la legislación de fondo, (Código Civil y Comercial 2014 y tratados internacionales de jerarquía constitucional). Para llegar a ese objetivo propusieron aplicar los principios de oralidad, celeridad, inmediatez basados en el eje de la tutela judicial efectiva. Colocaron especial énfasis en la necesidad de dar cumplimiento a los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional y cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vertidos en su jurisprudencia y opiniones consultivas.

Aprueban ambas propuestas la utilización de los medios tecnológicos, para poner la tecnología al servicio del proceso. ( video grabación de audiencias, la digitalización de la documental, la notificación por correo electrónico y telefónico a las partes son ejemplo de ello). Todo en la inteligencia que las mismas permiten lograr mayor velocidad y a la vez el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

También coincidieron en dotar de ductilidad a la ley procesal, evitando las formalidades excesivas y burocráticas. Pauletti en este aspecto destacó que por esa razón existen situaciones no reguladas, por cuanto el juez debe adecuar el trámite al conflicto, incluso en relación a los procesos previstos, para lo que se le atribuyen expresas facultades que coinciden con las más modernas tendencias del derecho procesal.

Ambas propuestas se basan en una ley procesal especial, con remisiones al proceso civil. Pauletti insiste en la necesidad de acotar la regulación a lo que es estrictamente necesario para la especialidad y el funcionamiento de las figuras que se incorporan. Destacó las dudas que le generó regular la tutela anticipada y autosatisfactiva que debieran incorporarse al rito civil, aunque explicó que se evaluó conveniente hacerlo dada la utilidad inmediata que tenía en materia de alimentos anticipados, para la mujer embarazada, en el juicio de filiación, y en la tutela especial para la violencia de género e intrafamiliar, entre otros. Sin embargo, señaló lo inconveniente de receptar institutos propios de la teoría general del proceso que serán prontamente mejorados en la reforma al CPCC es próxima e inminente propiciada a nivel nacional, y en ese sentido apuntó a modo de ejemplo las diligencias preliminares y prueba anticipada que Romero conserva en su proyecto con las mejoras ya incorporadas, en cuanto a no se las debería incluir en esta regulación especial. En general en definitiva se comparte la técnica y en que podrían conversar detalles para revisar lo proyectado en base a los criterios aludidos.

El punto más álgido del debate se alcanzó al  en torno a la discusión de la nueva figura  del CONSEJERO de familia, de amplia trayectoria en el proceso oral de familia de la Provincia de Buenos Aires, que ambas propuestas incluyen en consonancia con el Código Procesal Modelo de Familia, confeccionado para CABA. El proyecto Romero en su nueva redacción, plantea la intervención de esta figura gratuita, obligatoria y especializada judicial de modo posterior a la Mediación obligatoria extrajudicial, como doble filtro e intento de solución consensuada. Mientras Pauletti explica que el Consejero de Familia y la etapa previa del modo previsto por el Ateneo Ampliado tiene el propósito de consolidar el modelo de justicia de protección y acompañamiento, el acceso gratuito a la justicia y la importancia que debe darse a que el Estado con la mirada publicística del proceso se haga cargo de la función judicial conciliatoria, enmarcada en derecho y con ello en la función equilibradora que mandan los tratados d derechos humanos. Piensa que el consejero de familia es una figura que debe ser garantizada en la estructura del los juzgados de familia, para que actúe procurando evitar el juicio propiamente dicho, y ya en su transcurso, si el juez se delega nuevamente concretar la posibilidad de arribar a un acuerdo, tratándose además de fundamental ayuda al juez intensamente ocupado en las audiencias que le exige el método de la oralidad. Explicitó que la propuesta diseñada contempla a la Mediación como una alternativa para las partes que quieran recurrir a ella para agotar la etapa previa, pero no instancias sucesivas como lo propone en su nueva propuesta la Dra. Romero, por el desgaste que ello importa para las partes, y la utilidad que perderá de ese modo el consejero. El tema motivó el mayor debate en el contexto de las jornadas, donde se tuvo especialmente en miras las implicancias de la previsión de que se pudiera recurrir a ambas alternativas para agotar la etapa previa, lo cual se coincidió iría en desmedro de la labor de los mediadores de la provincia. A propuesta del Juez Vassallo, de Gualeguaychú se trabajó entonces en la alternativa de diferenciar competencias por materia, limitando la intervención del consejero a cuestiones NO patrimoniales, dejando así al mediador las cuestiones patrimoniales de familia tal como hoy está reglamentado conforme al CPCC, llegándose así al consenso sobre el punto, en resultado que la Dra. Pauletti se comprometió a redactar para su nuevo estudio. Quedaron sin debatirse cuestiones técnicas y prácticas de la actuación del consejero - como la intervención primaria por derivación del juez dentro de las 48hs o acceso directo del justiciable al consejero.

Se acordó en la implementación de procesos especiales. Pruebas -como la obligatoriedad de la prueba de ADN, y en las mejoras propuestas para limitar, simplificar y agilizar la instancia recursiva, de modo de tornarla más eficiente.  Finalmente las dos expositoras coincidieron en el objetivo de continuar  trabajando para lograr coincidencias y un solo proyecto convergente y superador, sentido en el que ya venía avanzando y que vieron positivo profundizar previo al tratamiento legislativo de la iniciativa de la diputada Romero.

A las 18, 30 hs. la Licenciada Marisa Paira, Presidenta del COPNAF se explayó sobre la actualidad del COPNAF, brindando datos estadísticos, detallando la dotación de personal y su distribución en el mapa provincial, describiendo los objetivos a mediano y largo plazo de su gestión.- Dejó como datos a tener en cuenta resaltar que el 80% del presupuesto se destina a la cobertura del personal que se desempeña, con elevada disparidad respecto de la distribución existente entre Paraná –la mayor parte- y el resto de las jurisdicciones y que actualmente  son 320 los  niños, niñas y adolescentes alojados en Residencias Socio Educativas, públicas o privadas. Expresó que el punto más importante es reforzar la capacitación, no externa, sino llegar a acuerdos en la lectura de situaciones, arribar a criterios comunes.

 Para el 2017  trazó como ejes centrales:  Primera infancia . Adolescentes sin cuidados parentales. Proyecto de fortalecimiento de la autonomía progresiva. Prevención y asistencia comunitaria de adolescentes en condiciones de exclusión. Por último informó que se está trabajando en el ámbito de CO.PRE.V en un protocolo de maltrato infantil. Inicialmente se ha conformado un  grupo de profesionales involucrados en la temática para armar un borrador de protocolo, el que luego se circulará por toda la provincia

También  participó en el panel la asesora legal del COPNAF, Dra.. Julieta Alesso. La misma  brevemente explicó la intervención del organismo administrativo de protección de derechos en los dos proyectos de código procesal de familia. Dijo que hubo un  trabajo interno de discusión, en conjunto con los equipos profesionales. Además realizó diferentes observaciones técnicas a los proyectos. El psiquiatra Javier Ramírez, (Funcionario del Copfan)  centralmente se refirió al gran avance del flagelo de la adicción a sustancias prohibidas en personas menores de edad en territorio provincial (al igual que en el resto del país)  y a una probable respuesta: el proyecto de implementar “casas de medio camino”, donde puedan residir temporalmente aquellos jóvenes que se encuentran bajo tratamiento de rehabilitación a las adicciones

El Dr. Horacio Valente (subdirector de Programas y Dispositivos Penales del COPNAF) se refirió a la nueva ley procesal penal de niños y adolescentes, afirmando que viene a formalizar las prácticas que el Co.P.N.A.F. ya venía articulando en conjunto con el Poder Judicial de la Provincia. En tal sentido apuntó que hoy existen dos centros de privación de libertad para personas menores de edad, uno de ellos en Paraná y el restante en Concordia. Esto ha permitido trabajar con los adolescentes, la reinserción con su familia cuando egresan, atento a que los adolescentes allí alojados son oriundos de estas ciudades. Hizo referencia a que en el anterior sistema penal juvenil no daba respuestas ni al imputado del hecho ni a  las víctimas. En cambio este sistema permite la actuación de los profesionales del organismo de protección, a partir del trabajo con los niños, niñas y adolescentes

Finalmente el Dr. Pablo A. Barbirotto (Juez Penal de NN y A de Paraná y Coautor del proyecto)  se encargó de la “Presentación de la ley procesal penal de niño, niñas y adolescentes“. Ley 10450, recientemente promulgada. Explicó que si bien tiene previsto un proceso para que en algunos hechos se investigue y declare autor a personas de 14 y 15 años, esto no significa que se haya bajado la edad de imputabilidad, porque es necesario diferenciar entre la imputabilidad y la procesabilidad, que es a lo que apunta la ley. Ésta última es la puerta de entrada de las garantías de la persona menor de edad en el ámbito penal. Así, explicó que si bien no se puede sancionar a un menor de 14 y 15 años, ello no impide probar la autoría del hecho imputado. Explica que el Fallo Fundación Sur  - García Mendez de la CSJN ha reconocido la responsabilización. Sintetizó explicitando que  busca con el proceso la responsabilización, no la culpabilidad

 

En general enmarcó la nueva ley dentro de los estándares de la Opinión General Nº13 y de las exigencias de los tribunales nacionales e internacionales según el cual las personas menores de edad deben gozar como piso mínimo de las mismas garantías que los adultos en los procesos penales, más otras adicionales en razón de su condición de persona en formación

Entendió que el instrumento asegurará a las personas menores de 18 años de edad la plena vigencia en la provincia de Entre Ríos de un proceso penal acusatorio conforme lo establece la Constitución Nacional y Provincial- definiendo claramente los roles procesales del Juez, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

Resaltó que para las personas menores de edad punibles no es posible imponer medidas de coerción salvo que sean para los fines del proceso (Caso Suarez Rosero vs Ecuador - CIDH). Específicamente en los no punibles no es posible por ejemplo a quienes tienen 14 y 15 años aplicar medidas de coerción, ni siquiera para que comparezca a la indagatoria.

También puntualizó  que se regula un procedimiento penal de responsabilidad por el hecho y no por la personalidad, peligrosidad, pobreza o vulnerabilidad del supuesto autor.

Participaron presentando a los Disertantes: Daniel Cottonaro, (Juez de Familia de Paraná)  Andrés Torres, (Juez de Familia C. del Uruguay) Tulio Rodríguez Signes (Juez de Familia de Paraná) y redactaron las conclusiones Dante Comán (Secretario del Juzgado de C. del Uruguay) y María Spais (Secretaria del RUAER)

Fue una jornada agotadora, más sumamente provechosa, enriqueciendo con los aportes realizados ese espacio en el que – una vez más- nos encontramos para dialogar sobre temas de actualidad y revisar nuestras prácticas de cara al futuro.